Debo agradecer, y lo hago muy sinceramente, el inmerecido honor que me ha deparado el Círculo de Empresarios al invitarme a presentar el Libro Marrón de 1998 que, bajo el título común "Cómo consolidar la recuperación económica" agrupa colaboraciones debidas a 17 eminentes expertos en las muy diversas facetas, económicas, sociológicas y humanas que, junto con la mía, intentan responder a los interrogantes que bajo tan amplio enunciado se esconden.

Sería pretencioso y, sin duda, sujeto a un gran riesgo de error, que yo intentara hacer un resumen pormenorizado de los capítulos del libro. Por otra parte, dada la enjundia de los artículos agrupados, tal tarea conduciría a un empleo de tiempo superior al que, a pesar de mi esfuerzo por ser breve, tendré que consumir.

Por todo ello, me ha parecido más útil ensayar un comentario general sobre el contenido del libro, centrándome en aquellos aspectos en los que los autores parecen converger, dándonos así una idea, fundada en el consenso de tan valiosos opinantes, sobre los cauces por los que la economía española ha discurrido en los últimos tiempos; la situación en la que realmente se halla; y las recomendaciones que cabe hacer para que, la evolución futura no sólo se mantenga sino, a ser posible, mejore.

Todo ello, naturalmente, sin obstáculo para decir unas palabras a fin de para poner de relieve las muy interesantes ponencias que, intencionada y claramente, se apartan del tema propuesto, para abordar otros aspectos que, sin duda tienen relación con el mismo, aunque en forma menos directa, o que, discrepan -aunque siempre será en concretos matices- de lo que he venido llamando la postura común.

Antes de entrar en materia, conviene decir que desde que, en noviembre de 1998 en la mayoría de los casos, se escribieron los trabajos, hasta el día de hoy, han variado algunas cosas. La primera de ellas es que el crecimiento del IPC que entonces se estimaba alrededor del 1,9%, en términos anuales, ha terminado en diciembre en el 1,4% sobre el mismo mes del año anterior. El tipo de interés de convergencia para la entrada del euro, que los ponentes suponían que sería del orden del 3,3%, por decisión conjunta de los gobernadores de los Bancos Centrales de los once, desde el día 3 de diciembre de 1998, se halla en el 3%. La tasa de crecimiento de la economia española en 1998 se ha situado en el 3,9%, superando el 3,7% previsto en los presupuestos del año y sostenido por la mayoría de los observadores todavía en noviembre. El déficit de 1998 para las Administraciones Públicas centrales se está cerrando efectivamente en el 1,9%, y en el 2,1% para las Administraciones Públicas Totales. A pesar de que también han cambiado los pronósticos sobre la economía norteamericana, que, tras un cuarto trimestre realmente excepcional, ha confirmado su fortaleza, con un crecimiento del 3,9% en 1998, un presupuesto con superávit, una inflación del 1% y una tasa de desempleo del 4,5%, lo único que, en opinión de bastantes observadores, queda intacto, a consecuencia de las crisis financiera en los distintos mercados, es la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, y, europea en particular, con el impacto que pudiera tener sobre el crecimiento español en 1999, aunque la mayoría de los expertos se pronuncian por un crecimiento del PIB que, a pesar de la desaceleración del sector exterior, gracias tanto al mantenimiento del consumo como al auge de la construcción, sólo será inferior en algunas décimas al logrado en 1998.

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Centrándome ya en las que he llamado participaciones atípicas, lo cual no quiere decir, insisto, faltas de mérito e interés, sino más bien todo lo contrario, me referiré en primer lugar a la de Juan José Toribio titulada "Las crisis financieras: una visión desde el Fondo Monetario Internacional", visión que nadie mejor que el autor, que ha concluido dos años de presencia en los órganos ejecutivos del Fondo, podía aportar. En su contribución, el profesor Toribio analiza, con sentido crítico, por un lado, las causas, unas imputables al Fondo, otras a los países en crisis, que intentan explicar por qué la crisis asiática, iniciada ya en 1977 con todas sus secuelas, no fue prevista más oportunamente; y, por otro lado, reflexiona sobre la estrategia seguida por el FMI para el tratamiento de estas crisis, reflexión que le lleva a proponer las cinco grandes líneas que, a su juicio, han de inspirar, en el futuro, el funcionamiento del FMI. Entiendo que la lectura de esta ponencia, que recomiendo, esclarece el problema y responde adecuadamente a las críticas que sobre el FMI se oyen con frecuencia.

Otra ponencia atípica puede ser la que José Luis Ugarte ha querido titular "Cándidas consideraciones sobre el PIB, la picaresca y el buen gobierno". El escrito, es una acerba crítica, aunque tan humorística como el título hacía esperar, sobre los malos hábitos de nuestro país y de sus gobernantes. Hábitos que explican, por ejemplo, que, en lo que se refiere a convergencia real, nuestro PIB per cápita con respecto a la media Europea, a pesar de los avances habidos entre 1960 y 1975, los altibajos desde esta fecha hasta 1944 y la final recuperación entre ese último año y 1999, la verdad es que nos hallamos en una situación no más elevada que la que teníamos en un año tan lejano como 1930; lo cual hace decir al autor que "hemos así corrido mucho, durante algunos períodos, para encontrarnos al cabo no demasiado lejos de la posición de partida". Buscando causas a esta realidad, José Luis Ugarte, "sine ira et studio" dice que tiene que ver, en primer lugar, con la doble pasión que nos atenaza: reglamentarlo todo y a continuación, mediante la picaresca y la trampa, saltarnos todo los reglamentos. Las restantes causas, sustancialmente dichas, serían "el marco institucional"; la "organización del desgobierno"; el "arbitrismo", creador de incertidumbres, excepciones y corrupción; el uso de los fondos públicos como "pólvora del rey"; y la sujeción de la libertad de expresión a todas las tentaciones de corrupción que afectan a los "medios de comunicación". Reconoce el autor que sus consideraciones pueden parecer más propias de las lamentaciones regeneracionistas de fin del siglo XIX. Pero qué le vamos a hacer, concluye, si un siglo más tarde España está aproximadamente donde estaba; poniendo de relieve que lo que Lucas Mallada escribía en 1890 parece dictado por lo que hoy se ve. Podrá estarse de acuerdo o no con el enfoque de Ugarte, pero lo que, a mi juicio, nadie puede sensatamente discutir es, y así acaba el texto, que "el aumento del papel del mercado genuino y de la competencia, así como el retroceso de las posibilidades de intervención arbitrista, retroceso que sin embargo no siempre se produce -recordemos la PAC- constituyen las ventajas esenciales de nuestra integración en la Unión Europea. Pero, por desgracia -concluye- la integración no asegura lo que posibilita".

También puede considerarse como capítulo atípico el titulado "Contra recesión, renovación", debido a José A. Herce, ya que él mismo, al empezar su trabajo, dice que, puesto que "otros capítulos de este volumen tratarán de remedios tales como las políticas liberalizadoras, la consolidación fiscal o la rebaja de impuestos, vías todas ellas, más o menos en curso, si se es indulgente con el hecho de que la liberalización aún no ha llegado a muchos mercados de producto", él desea desarrollar una intuición que tiene desde hace tiempo. Esta intuición es que, si conociéramos los hábitos de los hogares en la adquisición, uso y renovación de bienes de consumo duradero, equipamientos y vivienda, y los determinantes de dichos hábitos, dispondríamos de una valiosísima información para orientar la actuación de determinadas políticas y quien sabe si para contrarrestar o evitar determinados acontecimientos cíclicos. Para desarrollar su hipótesis, el profesor Arce se traza una secuencia que consta de cuatro partes: formación de hogares y sus características; hábitos de consumo duradero, equipamientos y uso o adquisición de vivienda; determinantes de dichos hábitos; y, finalmente, implicaciones y posibilidades de las políticas anticíclicas. La opinión del autor, vertida a guisa de conclusión, es que "de los aspectos analizados cabe deducir una política generalizada de estímulos a la renovación de los equipamientos de las ciudades, las empresas y los hogares, contribuyendo a la estabilización de la economía".

En línea parecida va el capítulo escrito por Jacint Ros Hombravella bajo el lema "Invertir en alargar", cuya conclusión es que el sistema empresarial privado español ha tenido, en conjunto, una buena respuesta a los desafíos... digamos desde 1986; también, claro está, a partir de 1995, después del ajuste necesario en la política económica. Pero será difícil entender su comportamiento -en inversión, en empleo...- sin tomar en consideración los traumas de las malas experiencias anteriores. Esto sentado, el profesor Ros Hombravella propone algunas pautas concretas de conducta entre las que citaré: "el aumento de la competencia en términos de cifra de ventas; la estrategia salarial incentivada; la racionalización de los subsectores terciarios maduros; la apuesta empresarial por la investigación aplicada; la ampliación del capital de riesgo, con la consiguiente salida a bolsa, etc."

También, me parece, cabe clasificar dentro del apartado de las ponencias que voy llamando específicas, la de Fernando Becker, titulada "Respuesta de la economía española ante la crisis internacional". De ella, sólo mencionaré dos de las seis conclusiones con las que el trabajo termina. Una es que "el nacimiento del euro puede confirmar a Europa como el único refugio dentro de un clima internacional negativo. Los fundamentos económicos positivos en España y en el conjunto de Europa -dice Becker- son un punto de apoyo importante para el crecimiento sostenido, a pesar de que, en el fondo, la crisis en Asia y Rusia continúe presente". En la otra, más que recomendar lo que España debe hacer, el autor aprueba lo que las autoridades españolas están haciendo, afirmando que "su comportamiento se traduce en una mayor coherencia entre la política monetaria y la fiscal y presupuestaria. Así se combinan -añade- tipos de interés más bajos -en referencia común a la UEM- con una política presupuestaria rigurosa con el gasto, que asume los compromisos de reducción del déficit, pero es también moderadamente expansiva por la reforma, con reducción de tipos, del IRPF". En este último redactado es donde tal vez quepa apreciar una discrepancia, de matiz si se quiere, entre la opinión del Presidente del ICO y la de la mayoría de los economistas que participan en el libro, los cuales opinan que, a pesar de la reducción de los tipos del IRPF, dada la continuación de la favorable coyuntura y dado el positivo impacto de la reducción de este impuesto en la actividad empresarial, los ingresos fiscales, tanto por impuestos directos como indirectos, serán superiores a los previstos en los Presupuestos de 1999, pero -y esto es lo importante- que este hecho no debe traducirse en una expansión del sector público, sino que debe estimular a una mayor reducción del gasto público, para lograr que el déficit fiscal de este año no sólo se reduzca al 1,6% del PIB, tal como programado, sino que, por las razones que después veremos, sería muy deseable que se acercara al máximo posible, ya en 1999, al equilibrio fiscal preconizado por el Pacto de Estabilidad y Desarrollo.

Para acabar con estas ponencias específicas, elegidas por mí, con criterios que, desde luego, cualquiera puede discutir, me referiré a la de Juan Velarde Fuertes, "Crisis económica mundial y ¿desarrollo económico nacional?" que bien cabe conceptuar como de transición de una a otra serie, para simplemente señalar que en ella el profesor Velarde, tras algunos breves comentarios sobre el alcance de la "globalización" que apostilla de "revolucionaria", se extiende, muy eruditamente, en lo que llama los siete escenarios de la actual crisis; a saber, "el deterioro del clima político y económico de los Estados Unidos; el empeoramiento de la crisis japonesa; la debilidad china; el mundo de los tigres y dragones asiáticos; los trastornos rusos; los mercados emergentes iberoamericanos; y la característica inestable de la globalización financiera". Para oponerse a los resultados de este septenario entramado de perturbaciones, a fin de salvar el crecimiento de la economía española, el profesor Velarde exhibe una panoplia de otras siete medidas para aprobar la bondad de las que ya están en vigor o instar la introducción de aquellas otras que todavía están pendientes, y, alabando el quite providencial que, desde el euro, nos pone, según él, al abrigo de la situación, afirma que "cuanto más rigurosa sea nuestra política económica, frente a la inflación, frente a la desorganización del gasto público, frente a las rigideces de los mercados, y frente a las tentaciones alcistas desmesuradas en los salarios, mayores posibilidades tendremos de avanzar en nuestro desarrollo, incluso en medio de este sobrecogedor panorama que ofrece la economía mundial".

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 e las restantes ponencias, ocho, que citaré por orden alfabético de sus primeros autores, es decir, las debidas a Antonio Argandoña, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Josep Mª Carrau, Juan Iranzo, Luis Martínez Arévalo, Rafael Pampillón, Juan Pérez Campanero, y Joaquín Trillo, con las naturales variantes de enfoque, personales estilos y singulares excursos, todas tienden a contestar, de manera concreta, la pregunta propuesta por el Libro Marrón. Esto hace que no resulte difícil hallar en ellas abundantes conceptos participados por sus autores. El primero es que la idea de la estabilidad, tal como fue definida para constituir una condición indispensable para ser admitido en el club de los once, no es condición suficiente para acceder a la excelencia. En palabras de Argandoña, la excelencia es otra cosa: "la verdadera estabilidad incluye inflación baja, estable y predecible, pero no sólo en términos relativos (lo que elimina el problema de la pérdida de competitividad macroeconómica), sino en términos absolutos (porque se supone que la inflación, incluso la moderada, tiene efectos perniciosos). Para ello, se exige un banco central autónomo, que no pueda financiar los déficits públicos, que diseñe una política monetaria dirigida a un solo objetivo, la inflación, y la ejecute de manera suave y sostenida, mediante reglas anunciadas y cumplidas". Sin embargo -advierte Argandoña- "la cultura de la estabilidad no es un fin, sino un medio para conseguir fines superiores de un sistema económico. Estamos haciendo, pues, una fuerte apuesta por la economía de mercado, la iniciativa privada y la eficiencia de un sistema libre de precios, con el convencimiento de que esto es lo mejor que podemos hacer".

La segunda idea es que la prolongación de la fase, para nosotros, depende de la mejora de la competitividad, la cual a su vez depende de la mejora de la productividad. Y ¿de que depende la productividad? Rafael Pampillón, en el capítulo "Factores de competitividad y expansión económica", responde que "en los países con una economía más liberalizada -siempre que las privatizaciones se acompañen de regulaciones que hagan posible la competencia-, que gozan de una mayor estabilidad macroeconómica, que disponen de una mayor dotación tecnológica, de una estrategia definida de mejora de la calidad, y de mejores infraestructuras, las empresas son más productivas que en aquellos países en que no se cuidan estos factores".

La tercera idea, sostenida por prácticamente todos los autores, es que la entrada de España en la UME con un nivel de inflación medio punto superior a la media de la Unión, con el agravante del sostenimiento a más alto nivel de la inflación subyacente y sobre todo el práctico estancamiento de la inflación en servicios, perdida para nosotros la soberanía en materia de política monetaria, supondrá que la que practicará el BCE no será precisamente la que nos convendría para yugular las tendencias inflacionistas subyacentes, ancladas en un largo historial de elevación de precios; y bien puede suceder que la falta de competitividad originada en los mayores costes laborales unitarios, se salde mediante la recesión y la pérdida de empleo. El problema que no es exclusivamente español lo pone de relieve, por ejemplo, Bernaldo de Quirós, cuando en su trabajo "Entre el cambio estructural y la Unión Monetaria" dice "Irlanda se ha visto forzada a rebajar sus tipos de intervención hasta los niveles existentes en Francia y Alemania, países con tasas de crecimiento sensiblemente más bajas y con posiciones cíclicas muy diferentes a las suyas. La convergencia alimenta las tensiones inflacionarias en Irlanda, al forzarla a poner en marcha una estrategia monetaria muy laxa cuando la necesitaría más restrictiva y el impacto de este hecho sobre la economía de la isla puede ser negativo". Y añade: "la situación de España no es idéntica a la irlandesa, pero se le parece bastante".

La cuarta idea, derivada de la anterior es que, en ausencia de soberanía cambiaria y monetaria, un país como España, en el que nuestra inflación continua siendo alta en relación a nuestro socios y competidores europeos, no tiene más remedio que practicar una política fiscal extremadamente rigurosa, a fin de evitar que los déficits públicos se manifiesten a través del aumento de las tensiones inflacionistas, sobre todo en aquellos sectores de bienes no comercializables y, por lo tanto, menos expuestos a la competencia internacional. En este sentido, después de reiterar que "continuar con la reducción del déficit es la política más adecuada para desenvolvernos con soltura dentro de la moneda única", Juan Iranzo, entre otros, en su trabajo "Política económica española: ¿cómo prolongar la actual fase expansiva del ciclo?" afirma que, "sin embargo, a la luz de los rígidos criterios del Pacto de Estabilidad, nos queda la duda de si el ritmo de contención presupuestaria en general y del déficit estructural en particular, no debería haber sido mayor para afrontar estos retos con más garantías de éxito. A este respecto, -añade- la reducción del déficit de los dos últimos ejercicios ha sido en su mayor parte coyuntural, dejando casi intactos los motores de déficit estructural. Si, como parece, el ciclo actual ya ha tocado techo, los estabilizadores automáticos ahora empezarán a cambiar de signo, con lo que podría suceder que en el actual ciclo ya no se llegara al tan deseado equilibrio presupuestario en el 2000, sobre todo cuando circunstancias excepcionales en el lado del ingreso, como son los beneficios del Banco de España y los ingresos patrimoniales existentes antes de acometer los procesos de privatización, ya no se repetirán, y en 1998 ha comenzado a relajarse el gasto público con desviaciones del orden de 677.000 millones de pesetas".

En este afán de reducir el déficit por el lado de la reforma de las estructuras, son varios los autores que enfatizan lo que queda por hacer en el campo de la liberalización del mercado de trabajo. Como símbolo de esta quinta idea, que por la experiencia vivida y sus especiales características, está teñida de un cierto pesimismo europeo, Luis Martínez Arévalo en su ponencia "El condicionamiento europeo al crecimiento español a largo plazo", que cito a título de ejemplo, después de afirmar que "uno de los aspectos cruciales de la política de oferta debe ser el de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante la eliminación de los obstáculos que dificultan la rápida transferencia de mano de obra productiva de unos sectores a otros, según las necesidades de la demanda, así como la reducción de impuestos que gravan el empleo", reconoce que "los proyectos de reforma en esta materia se enfrentan con fuerte resistencia y la experiencia muestra que tienden a ser abandonados cuando la fase alcista del ciclo reduce su urgencia. Por ello -dice- cabe prever que la reforma del mercado de trabajo continúe siendo una asignatura pendiente y que, como consecuencia de ella, Europa no consiga reducir el problema del paro, ni alcanzar las tasas de crecimiento que hubieran sido factibles en otro caso. Es más, es probable que una macrorreforma legislativa del mercado de trabajo sea inviable en la mayor parte de los países, y que lo único que quepa esperar sean retoques parciales, posiblemente logrados tras un lento proceso de concertación social, que poco a poco vayan aliviando algunas de las disfunciones más importantes".

Sin embargo, otros autores piensan que no hay que tirar la toalla en esta materia y que reformas como la modulación del salario mínimo, la reducción de la tasa de substitución del desempleo y la disminución del período de cobertura, la clarificación y simplificación de las características del contrato de trabajo, así como la descentralización de la negociación colectiva, son objetivos concretos y realistas, que cabe abordar y que, en lo que se refiere a la disminución del paro, darían mejores resultados que las políticas que, presuntamente encaminadas a proteger el puesto de trabajo, acaban aumentando el número de desempleados. Desde luego, dice uno de ellos, "lo que no hay que pretender, de ningún modo, es equiparar nuestros salarios con los de los países centrales de la UME, tras la implantación del euro, que hará más patentes las diferencias salariales; ello sería contraproducente, y conduciría a una pérdida de empleo. Las diferencias salariales son en buena parte resultado de diferencias en la productividad que, en nuestro caso, es de las más bajas de la UME, sólo superior a la de Portugal".

Naturalmente que las propuestas de reformas estructurales para reducir el déficit, objetivo al que, dado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nos hallamos abocados, no pueden limitarse al mercado laboral, como ponen de manifiesto diversas ponencias. Sin obstáculo de acelerar aquellas medidas de gasto más orientadas a la búsqueda de la competitividad y el empleo, como pueden ser las inversiones en infraestructuras y comunicaciones, la compensación de este gasto, y más, hay que hallarla por el camino de la profundización en la liberalización del mercado del suelo, la privatización de los patrimonios inmobiliarios en manos públicas, la contención del despilfarro en organismos administrativos, del que es paradigma la televisión pública, y, sobre todo, reduciendo el gasto social, de forma que, sin dañar los objetivos del bienestar, la privatización de pensiones, educación, sanidad -incluso la farmacia- en busca de la mayor eficiencia operativa, descargue al Estado de la prestación directa de estos servicios; aunque, en méritos de la función subsidiaria, conserve el papel de financiador parcial de los mismos, mediante procedimientos que, en aras del fomento de la competencia, subvencionen no a las instituciones sino a los usuarios, en función de la necesidad derivada de su nivel de renta.

Otra idea importante, sería la sexta, es que el acercamiento al equilibrio presupuestario, a que tiende la reducción del gasto, ha de lograrse reduciendo también los impuestos, principalmente los directos, mediante trasvase, si es preciso, a los indirectos, a fin de reducir los efectos que el IRPF, aun después de su reforma, el impuesto de Sociedades y las altas cotizaciones sociales que padecen nuestras empresas, producen sobre la desincentivación al ahorro, a la inversión y a la asunción de riesgos. Que nuestro sistema fiscal está en desventaja si se compara con la mayoría de los europeos lo ponen de manifiesto varias ponencias, entre ellas la de Joaquín Trigo Portela, quien en su trabajo "La continuidad de la fase expansiva del ciclo económico" afirma que "la tributación de las empresas españolas es mayor que la soportada por la de otros países europeos. Tal vez no tanto por los tipos, sino sobre todo por las reglas para la determinación de la base imponible, como son los criterios de amortización de activos basados en costes de reposición y las posibilidades de depreciar stocks". De hecho, Trigo, apoyándose en los datos del proyecto BACH de la Unión Europea, trabajado por el Banco de España, afirma que "el cociente entre el peso relativo del impuesto de sociedades y el del margen neto, en el período 1987-95, fue en España del 1,41, frente al 1,12 en Alemania, el 0,56 en Francia y el 0,44 en EE.UU.".

Sin embargo, la mejora de la productividad que necesitamos para crecer más que nuestros competidores europeos y así avanzar en la convergencia real, no puede cifrarse tan sólo en la moderación de los costes laborales unitarios, ni en la disminución de la fiscalidad, sino que, como, en el capítulo "Los límites de la política económica ante la integración en la Unión Monetaria", señala José Mª Carrau, "desde una perspectiva microeconómica, en la medida en que, como es obvio, la competitividad-precio es simplemente una parte, y no la más relevante, del éxito empresarial, la capacidad de progresión de nuestras empresas y, con ella, las posibilidades de mantener un ritmo de expansión sostenido para el conjunto de la economía, va a depender principalmente de la profesionalización de la gestión, la racionalización de los procesos productivos en sentido amplio y de las políticas de calidad e innovación". Esta sería la séptima de las ideas que voy recopilando.

En línea próxima a la anterior, cabe añadir la octava idea, debida a Juan Pérez-Campanero, quien, después de preguntarse qué tipos de industrias, en un sentido global, quisiéramos para España, si fuéramos capaces de especializarnos en ellas, concluye que, "de acuerdo con la teoría del crecimiento, el capital humano es un factor decisivo y que, de acuerdo con la teoría de la organización industrial, los cluster de actividad tienden a favorecer la localización de nuevos centros de producción. Desde esta perspectiva -señala- habría que ser moderadamente pesimista en el corto plazo; pero la expansión multinacional de la empresa española, también la mediana y pequeña, en latinoamérica y el mediterráneo, son el cambio más importante en la España de los últimos cinco años e indican un progreso en la dirección adecuada. La evolución futura del mundo corporativo español marcará sin duda y orientará los límites y las grandes líneas de la actuación de la política económica, como ya lo hace hoy en todos los grandes países".

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Si se me preguntara sobre mi opinión en relación con cuestiones de fondo que el Libro Marrón pretende abordar, diría que, como lo confirma mi modesta colaboración al Libro, hago mías las ocho ideas que he procurado extraer de las ponencias que, a mi juicio, expresan, con matices y ligeras discrepancias, el sentir común de la mayoría de los economistas que han participado en este Libro. Pero no cabe duda que, al lado de este consenso básico, encontramos en el Libro Marrón opiniones debidas a muy respetables economistas que discrepan de manera más o menos notoria de ese consenso. Este es el caso, a mi juicio, de los importantes trabajos aportados por Julio Rodríguez y Jordi Sevilla, en los artículos titulados, uno: "La coyuntura de 1998 y la necesaria adaptación al ciclo general"; y el otro: "Activismo en favor de la convergencia real".

En el capítulo debido a Julio Rodríguez, vemos, por ejemplo, que la afirmación de todos compartida de que "la política económica debe intentar que la etapa de expansión cíclica se mantenga, puesto que un mayor crecimiento supone más empleo", se ve apostillada por la expresión del deseo -tal vez ya no tan generalizado- de "aprovechar la mayor base fiscal para desarrollar políticas redistributivas". En línea parecida, el autor, tras una crítica de la reforma del IRPF, objeta que "los presupuestos de 1999 no suponen un refuerzo de las prestaciones sociales e implican un descenso de la progresividad fiscal", señalando que "el aumento de la renta disponible de numerosos hogares podrá anticipar retrocesos reales en numerosas prestaciones sociales a corto y medio plazo" y añadiendo que "las prestaciones sociales integrantes del Estado de bienestar deben ser objeto de una racionalización constante, de forma que se pueda mantener el equilibrio social sin que se derrochen recursos productivos necesarios".

Por otra parte, Julio Rodríguez, después de mostrarse partidario de la limitación de la libertad de movimientos de capital, refiriéndose al papel del Banco Central Europeo, sin discutir la importancia del cumplimiento del Pacto de Estabilidad como objetivo intermedio, afirma que dicho Banco, "tras un prolongado período de sobrevaloración del objetivo de la estabilidad de precios debe pasar a valorar más el objetivo de creación de empleo", afirmación que evidentemente contrasta con la declarada postura de los órganos de gobierno del Banco Central Europeo que opinan que el objetivo del BCE no es ni puede ser otro que el de la estabilidad de los precios.

El capítulo debido a Jordi Sevilla, en su primera parte, contiene interesantes observaciones sobre la situación actual de España y sobre los objetivos encaminados a la convergencia real, habida cuenta de nuestras especiales características, cosa que, pienso, no conviene olvidar cuando se habla, en este contexto, de nivel de empleo -o de paro- y de renta per cápita. Por ejemplo, a mi juicio, tiene parte de razón Sevilla cuando dice que "la reducción del paro está viniendo mucho más del menor crecimiento de la población activa que de una mayor creación de empleo". Tanto es así que, añado yo, las declaraciones gubernamentales sobre la posibilidad de que España alcance en tres años el nivel medio de paro de la UME, sólo se sostienen a partir de una hipótesis de bajo crecimiento de la población de 16 años y más y del mantenimiento de la muy reducida tasa de actividad que nos caracteriza.

Sin embargo, la diferencia esencial entre la ponencia de Jordi Sevilla y las que antes he analizado es el énfasis que pone en recomendar una agresiva política de demanda, que él basa en cuatro pilares: "la política fiscal, la política de empleo, las transferencias sociales y el consumo público". En cuanto a lo primero, la reforma del IRPF la estima "severamente regresiva, deficiente técnicamente y limitativa de la solvencia financiera del Estado a medio plazo". En cuanto a la política de empleo, sin entrar en las medidas concretas que propone, baste tal vez decir que en lo que respecta a la moderación salarial, afirma que "hay que tomar medidas concretas que ayuden a repartir socialmente los beneficios extraordinarios de las empresas, bien fomentando una mayor competencia y menores precios, bien a través de la actuación impositiva. De no hacerlo -dice- resultará difícil de mantener la necesidad de una moderación salarial cuando, simultáneamente, las empresas están obteniendo beneficios del 23% como ha ocurrido con las grandes en el primer semestre de este año". En lo que se refiere al pilar de las transferencias sociales, el autor opina que "hay que ir aproximando nuestro nivel de protección al europeo", citando, como caso concreto, "la inclusión como objetivo permanente la mejora de poder adquisitivo de las pensiones contributivas y la elevación de las pensiones mínimas y no contributivas". Finalmente, en cuanto al consumo público, admitiendo que "no es posible ni conveniente recuperar el protagonismo que en algún tiempo tuvo, tampoco es conveniente continuar con la actual pérdida paulatina de peso del consumo público y de los servicios no destinados a la venta".

Como era de esperar, Jordi Sevilla no agota sus recomendaciones por el lado de la activación de la demanda que, reconoce, despierta temores inflacionistas. Por esto, continua su trabajo, recomendando acompañar la preconizada política de demanda con una serie de políticas de oferta que él centra en seis puntos: "la inversión pública, el desarrollo tecnológico, la apertura de nuevos espacios de actividad, la creación de empresas, y la implantación y defensa de la competencia", concluyendo que, si bien no todo este activismo ha de tener reflejo presupuestario, "dentro de una concepción activa y moderna del Estado en las economías globalizadas, una parte importante de las políticas de oferta por él elegidas, sí ha de tener cabida en el gasto público presupuestado".

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